La plataforma subraya que los procedimientos de tramitación también forman parte de un Estado de Derecho que el partido jeltzale parece despreciar.
“Los procedimientos de tramitación fijados por ley también forman parte del Estado de Derecho y pareciera que el PNV y sus representantes en el Gobierno vasco los consideran una mera cuestión estética que puede saltarse a conveniencia. Una concepción que conlleva la dinamitación del propio Estado de Derecho”, señala Barakaldo Naturala.
En las últimas semanas, en el diario Deia, hemos visto informaciones como la referida a la adjudicación de la redacción del Estudio Informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo: tramo Bilbao-Santander publicada el 27 de junio dando a entender que es requerimiento su conexión final en Ortuella con la VSF proyectada, cuando no es así; o la publicada en este mismo medio el 1 de agosto sobre las características de construcción de la fase 1 de la VSF contempladas en el Estudio Informativo, como hemos señalado pendiente de la aprobación de MITECO necesaria para su aprobación definitiva por parte de Fomento, como si el proyecto fuera ya a ponerse en marcha.
Asimismo, hemos conocido el anuncio de licitación de Euskal Trenbide Sarea (ETS), publicitado en el portal web del Gobierno vasco el 30 de julio, para la redacción del proyecto constructivo por un importe de 5,5 millones de euros, sin contar aún con la aprobación definitiva de Fomento al Estudio Informativo y que, en caso de ser negativo, sería un gasto totalmente innecesario. Licitación que, por cierto, aún no ha sido publicada en el perfil del contratante de ETS.
En lo que corresponde al tramo Santander-Bilbao y la redacción del Estudio Informativo, lo que Fomento señala es que se realizará un estudio inicial de alternativas y su examen técnico, de viabilidad y ambiental, tras el cual se efectuará un análisis multicriterio a través de un ejercicio de síntesis y valoración mediante el que se seleccionarán las alternativas más convenientes para su desarrollo en la siguiente fase de elaboración de Estudio Informativo y de impacto ambiental, atendiendo a criterios como la funcionalidad ferroviaria, la accesibilidad de las estaciones, el tiempo de viaje o las afecciones urbanísticas y ambientales que implican, entre otros.
Se contempla para tráfico mixto para mercancías y viajeros, a ser posible con paradas en Laredo y Castro-Urdiales que incluirá, además de los estudios técnicos habituales, un análisis que justifique el ancho o anchos de vía a implantar, las necesidades de instalación de cambiadores de ancho y las conexiones con la red ferroviaria existente, planificada o en proceso de planificación necesarias para dar continuidad al corredor. Siendo un objetivo prioritario que las alternativas seleccionadas ofrezcan servicios competitivos con la carretera (tiempo medio del trayecto en autobus, 90 minutos). Por tanto, el abanico de opciones es muy abierto y no se ciñe específicamente a un enlace con la VSF proyectada.
En cuanto a la publicada el primer día de este mes, y que únicamente es un trabajo de archivo explicando los pormenores del Estudio Informativo publicado en marzo de 2019, algo que hubiera tenido más lógica y honestidad con la ciudadanía cuando se publicó en el BOE, lo llamativo es la conjugación de los verbos, dando por asentado un proyecto que aún está muy en el aire. También resalta el hecho de que en tan extenso artículo no se menciona ni una vez al Gobierno vasco como promotor de la realización de dicho Estudio y si al Gobierno central diciendo que desea que “la VSF se convierta en el primer tramo del desarrollo de la alta velocidad ferroviaria por la cornisa cantábrica”.
Para dejar las cosas claras, quien realmente ha anhelado este proyecto y presionado desde principios de siglo ha sido el PNV. De hecho, para la publicación del Estudio informativo anterior en 2015 (y este fue el tercero, el primero data del año 2003), el viceconsejero de Infraestructuras, Antonio Aiz, estuvo mandando misivas a Fomento desde 2013. Ha sido siempre la aspiración de la formación jeltzale desde que impuso la nueva ubicación del puerto de Bilbao en el Abra del Nervión, por capricho de Petronor y con una amplia respuesta de movimientos sociales y ecologistas.
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